El desahucio frenado y aplazado en Logroño esta semana pone de relieve la dinámica del mercado inmobiliario. La inquilina afectada nos cuenta el proceso que ha vivido desde que Témpore Properties, propiedad de Texas Pacific Group (TPG), se hiciera con el edificio.
En 2012, el Gobierno impulsó la SAREB, el llamado banco
malo. Su fin era limpiar los balances de los bancos en problemas y
gestionar los inmuebles y deudas de constructoras que habían quebrado. En 2017,
la SAREB creó Témpore Propierties para agrupar parte de sus viviendas y
sacarlas al mercado del alquiler.
Dos años después, en 2019, comenzó la venta de esta empresa
al fondo estadounidense TPG. Primero, un 75% de participación. En 2021, la
venta total. A día de hoy, Témpore es un ejemplo directo de cómo se ha
reconfigurado el sector inmobiliario desde el pinchazo de la burbuja y la
crisis financiera.
En 2019, Témpore adquiere el edificio que esta semana fue
noticia en Logroño. La inquilina que ahora se ve afectada por el desahucio
firmó entonces un contrato con una duración de siete años. «Me di cuenta de
que, desde que entras aquí a vivir, siempre debes algo», cuenta. «Tú firmas un
contrato con una cantidad, pero ellos te cobran lo que quieren cada mes. Nunca
pagaba lo mismo. Les escribía y no contestaban. Me llegaban correos donde
mostraban que, por ejemplo, debía 700 euros de mayo que no sabía de qué eran.
Después, me llegaba otro correo sobre una deuda diferente de ese mismo mes.
Pero me ponía en contacto y no había respuesta». Asegura que ha llegado a tener
correos en los que le pedían 13000 euros.
Así, unos meses después llamaron a su puerta. Era una
persona del juzgado que le anunciaba su desahucio debido a la acumulación de
deudas. A partir de ese momento, pasó seis meses sin saber si se tenía que ir
de su casa. «Una semana antes, conseguí demostrar que no debía nada y anularon
el desahucio».
Pero los problemas no acabaron ahí. La inquilina relata cómo
en 2022 se presentó en su casa un señor que decía ser gestor de Témpore. «Me
dijo que se acababa el contrato y que me tenía que ir». No obstante, en 2019
habían firmado un contrato de siete años. «Era todo muy confuso. En esos días,
muchas personas del edificio se estaban yendo». Al final, llegaron a un nuevo
acuerdo de contrato.
Cuenta que, avalista mediante, el gestor le ofreció una
«promoción». Pasó a tener que pagar 515 euros durante un año y, después, 560. Sin
embargo, pasaron los meses y no le entregaban el contrato para firmar. «A
finales de abril (de 2022) volvió a aparecer por casa y me dijo que iban a
cambiar la promoción».
Según la inquilina, la nueva promoción pasaba a ser de 540
euros el primer año con el mes de marzo de carencia. «Yo ya había pagado el mes
de marzo y el gestor me hizo un desglose de lo que me debía la empresa por la
finalización de contrato. Me enseñó dos recibos. Uno era de trescientos y pico,
y el otro era de seiscientos y pico. Me dijeron que se compensarían». En base a
este relato, el gestor le ofreció no pagar mayo ni junio.
En ese instante, comenzó un nuevo calvario. Llamadas por
impago de mayo, cruces de correos electrónicos… «Yo les pedía que me
transmitieran por escrito la compensación de mayo y junio. Por fin, me mandaron
la factura de mayo donde se reflejaba que sólo tenía que pagar el seguro de
impago».
En julio, recibió una nueva demanda de desahucio. «Tengo un
correo de su departamento de facturación donde me dicen que me compensan mayo,
porque me lo habían dado de carencia». La inquilina sospecha así que la
carencia fue una estrategia para demandar por impago. «Son fondos buitre a los
que les importa un comino todo. Con muchos departamentos que no se enteran y no
tienen una buena gestión». Se lamenta.
Ahora, espera su desahucio para el día 29 de mayo. El suyo,
el de su hijo y el de sus mascotas. «El juez le dijo a mi abogado que, aunque
tenga el informe de vulnerabilidad, no lo va a parar».
Al respecto de este tipo de fondos, el periodista Carles
Tamayo realizó un programa que emitió la televisión pública. En él, se muestra
cómo en el argot inmobiliario los pisos son «unidades» dentro cada edificio. De
igual manera, un piso con personas dentro es una «unidad de rentabilidad». Además
de esta deshumanización, pone de relieve que este tipo de fondos paga un 1% de
Impuesto de Sociedades y tienen una bonificación del 95% en el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales. Témpore presume en su página de gestionar 2500
viviendas.
Esta nueva realidad es una de las consecuencias de la
burbuja inmobiliaria. Una de las consecuencias del capitalismo más salvaje y de
la vivienda como un objeto de mercado sobre el que se cimenta parte de la
economía. El caso que ha saltado a los medios riojanos esta semana es sólo un
grano de arena en el desierto.
Por su parte, la inquilina afectada quiere transmitir a
través de este medio su agradecimiento. «Gracias a todos los vecinos, a todas
las personas que se han implicado, incluso a vosotros, por el apoyo que me
habéis prestado en esta situación tan compleja. Nadie debería pasar por esto.
Es tu vida, donde tienes que vivir, donde está tu hijo y quieres que crezca».
Y reitera: «Nadie debería pasar por esto».
Sergio Marín Ochoa
No hay comentarios:
Publicar un comentario