Sergio Marín Ochoa (Radio Diferida)
Algunos taxis de la capital estarían cobrando por encima del sistema de tarifas a las personas en silla de ruedas. Se han recabado evidencias de viajes de 3,5 km con un precio de hasta 17 euros. Las fuentes afectadas dicen sentir sus derechos vulnerados. La Asociación de Taxistas de Logroño señala al consistorio. Desde el ayuntamiento no han querido hacer declaraciones.
Taxistas con el vehículo adaptado tendrían una tarifa
preestablecida fuera del sistema oficial de precios. Se trataría de un cobro no
pactado de 15 euros por viaje para personas con movilidad reducida.
Esto es lo que muestran las grabaciones, tickets y demás evidencias
recabadas por este medio. En éstas, se detecta el mismo patrón: taxímetro
desconectado y un precio fijo que se repite —en viajes de 3 km o en viajes de 5,5
km—. Precio que, ocasionalmente, varía al alza hasta los 17 euros.
Según la página web de la central Unitaxi, la tarifa urbana
oficial más alta está en 1,33 euros el kilómetro recorrido con una bajada de
bandera de 2,76 euros. Un viaje de 5 km recorridos con dicha tarifa se
traduciría en un cobro de apenas 9,5 euros.
De modo que, en Logroño, las personas en sillas de ruedas dicen
sentirse discriminadas por el servicio de taxis. Fuentes afectadas aseguran que,
sea como sea, no lo hacen en todos los vehículos adaptados. Aun así, sospechan que
«hay presiones entre taxistas para que no pongan el taxímetro» cuando realizan
servicios a personas con movilidad reducida. Estos indicios se fundan en que «hay
gente que, al sacarse la licencia, ponía el taxímetro. A las pocas semanas dejó
de hacerlo» y, cuentan, les empezaron a cobrar también la «tarifa plana».
En consecuencia, se preguntan por qué tienen que pagar más
que las demás personas. «Me siento de segunda; y vulnerable», sostiene una de
las fuentes. Otra, afirma que nunca han protestado por miedo a que les dejen de
dar el servicio. Sin embargo, sí hay quien se ha quejado verbalmente. «En el
ayuntamiento lo saben, muchas asociaciones lo saben… Es algo que está ahí y no
pasa nada».
Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño no ha contestado a
este medio tras varias llamadas telefónicas y correos electrónicos. No hemos
obtenido respuestas sobre la normativa, sobre inspecciones o sobre posibles
sanciones. Lo mismo ha ocurrido con el Gobierno de La Rioja.
Desde principios de 2025, se encuentra en proceso una
Ordenanza Reguladora del Servicio de Autotaxi para la ciudad. No obstante, hemos
podido ver que ninguna de las tarifas oficiales establecidas en la actualidad
discrimina por razones de movilidad reducida. Tampoco establece precios
especiales para estas personas.
En cuanto a Unitaxi, es la empresa que aparece en algunos de
los tickets recabados. Se definen como intermediarios entre el taxi y la
persona que reclama el servicio. «Nosotros no tenemos nada que ver con los
precios o con lo que hagan los taxistas. Somos una empresa de
telecomunicaciones», se defienden. Cargan así la responsabilidad en los trabajadores
y las trabajadoras.
En lo que respecta a la Asociación de Taxistas de Logroño,
su presidente es Ángel Ortigosa. Él es la cara visible en las negociaciones con
el ayuntamiento. Condena las malas praxis y defiende el uso del taxímetro.
Señala al ayuntamiento como responsable de inspeccionar y reconducir esta
situación.
En el fondo de esta historia se encuentra la idea de que
cualquier persona puede acabar dependiente de una silla de ruedas. Cualquiera
puede sufrir un accidente o ser presa de una enfermedad. En ese contexto,
personas vulnerables por su condición denuncian estar siendo víctimas de un
presunto abuso sistémico. Son necesarias inspecciones por parte de la
administración pública.
A esto se suma que, desde La Rioja Sin Barreras, admiten quejas
en cuanto a que no hay servicio de taxi adaptado 24h. Dichas quejas las
confirma una de las fuentes. «Tienes que llamar mucho antes para asegurarte de
que vas a tener el servicio. Si no, te expones a no tener taxi disponible
cuando lo necesitas».
Por último, La Crónica Riojana ha decidido no hacer públicas
en su totalidad las pruebas recabadas. La decisión pasa por evitar una posible
identificación tanto de taxistas como de personas afectadas. También, con el
objetivo de prevenir posibles represalias en el acceso al servicio.
Fotograma de vídeo que muestra el taxímetro apagado en plena carrera
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